Ciudad de México.- El sector empresarial no descarta emprender acciones legales en contra de hechos de corrupción que aquejan a al menos cinco estados del País e incluso recurrirían a organizaciones internacionales si las autoridades no toman medidas, advirtió Gustavo de Hoyos, presidente nacional de Coparmex.

Quintana Roo, Veracruz, Chihuahua, Nuevo León y Sonora son entidades que preocupan, pues recientemente han sufrido por el uso ilegítimo de recursos públicos, comentó el dirigente en una conferencia de prensa en el marco del primer Foro Empresarial Anticorrupción.

Dijo que estarán atentos al seguimiento que se dé a estos casos y si perciben omisión por parte de las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley, tomarán medidas.

"Sí valoraríamos emprender alguna acción legal", aseveró el titular de la Confederación Patronal de la República Mexicana.

El empresario tampoco no descartó la posibilidad de recurrir a organismos internacionales si es necesario.

Recordó que en otras ocasiones ya han analizado acudir a instancias fuera de México como en el caso de la aprobación del Sistema Nacional Anticorrupción, aunque al final ya no fue necesario tomar esa medida.

Al preguntarle si evalúan una acción legal contra la Administración federal por actos indebidos, aseguró que aunque no lo descartan, por ahora no lo tienen pensado.

Sobre el caso específico de las acusaciones contra la Primera Dama Angélica Rivera en torno al uso de inmuebles de empresas que pudieran tener contratos con el Gobierno federal y generar un conflicto de interés, sólo comentó que los empresarios señalan que en todo los niveles de Gobierno debe mantenerse la legalidad y ética.

Respecto al conflicto magisterial, Hoyos señaló que si las autoridades estatales muestran permisividad frente a las acciones de la CNTE, el sector privado las responsabilizaría por las pérdidas.

"Ha habido tolerancia excesiva, ojalá que no veamos permisividad por parte del Estado mexicano", dijo.

Resaltó que cuando la tolerancia se vuelve excesiva es permisividad y con el tiempo se vuelve hasta complicidad.

Caso Veracruz

El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal, dijo que en el caso de Veracruz está pendiente por solventar más del 90 por ciento del monto estimado por irregularidades y para el caso es vital la participación de la PGR.

La ASF ha presentado denuncias penales adicionales no contra personas, pero sí basada en hechos, aseveró tras su participación en Foro.

"Porque ellos son los responsables de fincar delito y qué delito", expresó.

El monto por irregularidades entre 2011 y 2014 señaladas por la ASF a Veracruz, estado gobernado por Javier Duarte, asciende a más de 35 mil millones de pesos.

Explicó que desafortunadamente los tiempos de la Auditoría son largos, pero trabajan con el Ministerio Público para que se mantengan las denuncias.

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