Ciudad de México.- Con la finalidad de establecer el marco normativo para que las Fuerzas Armadas regresen a sus cuarteles, el PRD presentará hoy en el Senado la iniciativa de Ley de Seguridad Interior.

En el documento, que está suscrito por el coordinador de los senadores perredistas, Miguel Barbosa, se señala que el Estado debe contar con el andamiaje institucional y normativo que le permita enfrentar y solucionar en condiciones de normalidad, y sin usar a las Fuerzas Armadas, las amenazas que afecten a la sociedad.

Los elementos castrenses, precisa el texto, sólo deberán salir a las calles de manera excepcional y temporal, en un plazo que no exceda un año, cuando la amenaza para el país sea de mayor gravedad, amplitud e intensidad.

De igual manera, para poder garantizar la seguridad una vez que las Fuerzas Armadas regresen a sus cuarteles, en un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigor de la ley, el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) deberá realizar una evaluación de las capacidades de los cuerpos policiacos locales.

También, añade el texto, se deberá conocer si las autoridades federales, locales y municipales cuentan con la fortaleza institucional para encargarse de la seguridad pública en aquellos territorios donde las labores de seguridad la realizan las Fuerzas Armadas.

En caso de que los resultados de dichas evaluaciones sean favorables, precisa la iniciativa, el Ejecutivo federal deberá ordenar a los elementos castrenses su reincorporación a actividades estrictamente relacionadas con la disciplina militar.

Por el contrario, en caso de que la corporación policiaca no cuente aún con las capacidades requeridas, el titular del SNSP gestionará la aplicación del mecanismo de intervención de la policía municipal o estatal que corresponda en los términos de la ley general respectiva.

En la propuesta de ley también se establece que las Fuerzas Armadas deberán ser respetuosas de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.

Además, no se deberá considerar, bajo ninguna circunstancia, como amenazas a la seguridad interior que ameriten el uso de las fuerzas castrenses, las acciones relacionadas con movimientos o conflictos sociales, políticos o electorales, apunta el texto.

Para combatir de manera efectiva el narcotráfico y el crimen organizado, la iniciativa propone atender el problema de la corrupción y la colusión de grupos criminales con autoridades políticas.

En ese sentido, la Ley de Seguridad Interior, indica la propuesta, deberá contener disposiciones que permitan conocer al Consejo de Seguridad Nacional y a la Comisión Bicameral un diagnostico en donde se determine si existen o no hechos de corrupción por parte de servidores públicos y si se relacionan o han sido causa de la afectación a la paz pública.

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