Brasilia.- Una nueva confesión sobre la red de corrupción en la que se ve sumergida la clase política brasileña agravó este viernes la ya delicada situación del presidente, Michel Temer, y alcanzó además a sus antecesores Dilma Rousseff y Luiz Inácio Lula da Silva.

Las revelaciones partieron nuevamente de los directivos del grupo JBS, que en un acuerdo de cooperación judicial confesaron que pagan sobornos a Temer desde 2010 y añadieron que desde 2005 distribuyeron entre Lula y Rousseff la suma de US$ 80 millones, siempre por los "favores" realizados desde sus posiciones de poder.

En el caso de Temer, esas sospechas atizan el fuego de una crisis que comenzó este miércoles con las primeras filtraciones sobre la declaración de JBS, una de las mayores empresas cárnicas del mundo, que llevó a toda la oposición y hasta a sectores del oficialismo a exigir la renuncia del mandatario.

Temer reaccionó con energía frente a esas sospechas y afirmó que no renunciará y que comprobará su inocencia ante la justicia en un mensaje a la nación transmitido este jueves, que es hasta ahora su única aparición pública desde que estalló el escándalo.

Los testimonios difundidos por la Corte Suprema salpican además a cuatro ministros del actual gobierno, a decenas de parlamentarios y a dos gobernadores, y se conocen en momentos en que la base política de Temer se resquebraja.

El Supremo también informó de que la investigación que abrió contra el presidente se sustenta en su presunta participación en los delitos de obstrucción judicial y corrupción pasiva, y tiene como base las declaraciones de los directivos de JBS.

Sobre Temer, uno de los dueños de la empresa, Joesley Batista, afirmó que le paga sobornos desde 2010 y que, entre ese año y 2011, llegó a entregarle una "mesada" de 100.000 reales (hoy unos US$ 29.500) por diversos "favores" en el Ministerio de Agricultura.

Batista también declaró que acordó a fines del año pasado con el diputado Rodrigo Rocha, suspendido de su escaño por el Supremo y muy cercano a Temer, que pagaría al ya entonces mandatario una comisión del 5% sobre la facturación de una empresa eléctrica de JBS que precisaba una licencia para operar.

Todo ello se suma a una grabación de una conversación de Batista con Temer, en la que el empresario comenta que busca "favores" para JBS en ministerios, que recibe información por adelantado sobre investigaciones o que soborna a un exdiputado preso por corrupción y cercano al gobernante para que no colabore con la justicia.

En esa grabación, que calificó de "clandestina", el gobernante asiente o simplemente escucha en silencio, lo que da base a firmes sospechas sobre una posible omisión frente a hechos ilegales.

Temer no hizo declaraciones públicas sobre las nuevas acusaciones, pero dijo al diario O Globo que saldrá de "de esta crisis más rápido de los que se piensa", algo que no convence a varios de los partidos de la coalición de gobierno, que aún analizan un posible desembarque.

En relación a Lula y Rousseff, las confesiones dicen que ambos le facilitaron a JBS la obtención de multimillonarios créditos con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), entidad estatal también investigada por la trama corrupta en Petrobras.

El dinero de los sobornos, según JBS, alcanzó la suma de 50 millones de dólares en el caso de Lula y de 30 millones de dólares para Rousseff, y se depositaba en cuentas abiertas en el exterior.

Batista admitió que esos créditos irregulares obtenidos con el BNDES ayudaron a la expansión de la compañía, que en los últimos años se convirtió en uno de los gigantes cárnicos a nivel global.

Las negociaciones con Lula y Rousseff, según dijo el empresario, tenían como mediador el exministro de Hacienda Guido Mantega, quien fue acusado de ejercer ese mismo papel por la firma Odebrecht, beneficiaria de contratos amañados con la estatal Petrobras. EFE