El Congreso del Estado recibió la solicitud de autorización para para enajenar a título gratuito 11 inmuebles de propiedad estatal en Xalapa, Boca del Río, Veracruz y Emiliano Zapata, a favor del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), petición enviada por el gobernador Javier Duarte de Ochoa.

Entre los bienes se encuentra el Velódromo de Xalapa, el Museo Interactivo de Xalapa y el World Trade Center del puerto de Veracruz.

Como justificación, expone que es con el fin de generar fuentes de trabajo, proporcionar seguridad social y promover el bienestar social, fomentando la inversión pública privada y social.

Cabe destacar que esta solicitud no está contemplada como pago de los préstamos que le ha entregado el Consejo de Administración del IPE de los recursos de la Reserva Técnica, pues se trata de una enajenación a título gratuito.

También Duarte envió al Congreso del Estado dos solicitudes para entregarles bienes muebles, terrenos y dos helicópteros, a favor de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Al dar lectura a la correspondencia, la secretaria de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Ana Cristina Ledezma López, indicó que la primera solicitud es para enajenar a título gratuito una superficie de tres mil metros cuadrados deducida de una superficie mayor de la Reserva Territorial de Xalapa.

En este terreno se establecerían las instalaciones de la recién creada Unidad Especializada en Contra del Secuestro, en las inmediaciones del edificio de la FGE.

En la segunda solicitud, Duarte pide al Congreso enajenar bienes muebles a título gratuito a favor de la Fiscalía General del Estado, así como la donación de dos helicópteros a la FGE: un Bell Helicopter Textron modelo 407 y un Eurocopter, modelo AS 365M3.

Las peticiones fueron enviadas a la Comisión de Hacienda del Estado, para ser revisadas por sus integrantes y establecer los dictámenes.

El pleno del Congreso del Estado dio entrada formal a la solicitud del Gobernador para retirar su iniciativa de reforma al artículo 98 de la Ley de Pensiones del Estado, la cual establecía que en caso de que los recursos del Instituto de Pensiones no bastaren para cumplir con sus obligaciones, el déficit sería cubierto por los patrones.

(Con información de

Armando Landa y AVC)

De la Redacción