El riesgo a una extradición o aprehensión de un presunto delincuente radica en la integración de las carpetas de investigaciones pero de comprobarse irregularidades, el presunto delincuente en cuestión podría apelar y lograr su libertad, afirma el abogado y vicepresidente de la Federación Nacional de Colegios y Asociaciones de Abogados, Homero Gutiérrez Melchor.

Actualmente se encuentra en proceso la extradición de Diego Gabriel Cruz Alonso, integrante de los Porkys, señalados de pederastia en Veracruz en contra de una menor de edad, quien fue capturado en Madrid, España, sin embargo, existen riesgos y uno de ellos y el más fuerte sería, según el litigante, que su defensa pueda integrar las pruebas para apelar a la extradición.

“Habría que tomar en cuenta en qué bases han sustentado la investigación, habría que checar las pruebas que se incorporaron a la investigación, si la prueba principal o en la que se sustente la orden de aprehensión se encontrara viciada por cualquier medio, entonces si habría lugar a que se cancelara la orden, podrían promover un amparo en el país donde se encuentren a fin de que se revise la legalidad de la orden primaria de localización, aseguramiento y privación provisional de la libertad”, explicó Gutiérrez.

Actualmente México mantiene acuerdos o tratados de extradición con 25 países, entre ellos Australia, España, Bahamas, Bélgica, Brasil, Canadá, Estados Unidos, Perú, Grecia, Uruguay, Costa Rica o Venezuela, todos ellos son regidos por leyes, reglamentos o disposiciones como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley Orgánica del Poder Judicial Federal, Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, Reglamento de la Ley Orgánica de la PGR y la Ley de Extradición Internacional.

Estas reglas, dijo, vigilan el cumplimiento del proceso para requerir una extradición que establece que cuando hay un acontecimiento de esta naturaleza se giren las órdenes y suban a una base de datos que se gira a nivel mundial, en el caso del país, a través de la ‘Plataforma México’, donde se exhibe la fotografía o retrato hablado, datos generales y el delito por el que se busque una persona.

“Si es necesaria la localización internacional, se giran oficios a las diferentes entidades de investigación, en este caso la Interpol, que es una organización que tiene contacto con todas las policías de todo el mundo y suben a su base de datos estas órdenes de aprensión y si la persona logra ser localizada, con base a esos elementos y los acuerdos internacionales, entonces procede”, afirmó el litigante.


VALENTINA M. RAMOS/EL MUNDO DE CÓRDOBA