Veracruz.- Las evidencias que recabe el SAT sobre las empresas fantasma a las que el gobierno de Javier Duarte pagó cientos de millones de pesos, derivaría no sólo en la cancelación de las facturas expedidas por los contratos firmados con el gobierno de Veracruz, sino en denuncias ante el Ministerio Público como marca el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, pues además de las responsabilidades fiscales hay dinero público involucrado.

Cabe señalar que Animal Político documentó que los socios de las empresas fantasma, que en muchos casos también son representantes legales de las mismas, son personas de bajos recursos engañadas con promesas de apoyo. El jefe del SAT dijo que tendrán que denunciar que fueron víctimas de un fraude, pues eso no los exime de responsabilidad.

Además de la entrevista con su titular, la dependencia había entregado previamente un cuestionario respondido en el que detalla los pasos y acciones que se llevarán a cabo en la investigación de acuerdo a lo que marca la ley. Ello incluye el aseguramiento precautorio de bienes y el congelamiento de las cuentas bancarias de las empresas irregulares. Adelantó que la sanción para el contribuyente que desaparece de su domicilio fiscal en una auditoría es de tres meses a tres años de prisión.


De la Redacción